La reciente renovación del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados, es una medida populista y con fines electoreros.
Al principio con el primer decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados el cual fue publicado en el diario oficial de la federación el 19 de enero de 2022, y en donde se necesitaba la intervención de un agente aduanal para la importación de los autos llamados chocolates, parecía tener la finalidad de resolver un problema bastante añejo, en el cual miles y miles de autos de procedencia extranjera, los cuales son introducidos de manera ilegal a territorio mexicano ya sea por la corrupción de los empleados de las diversas aduanas o en su caso la incompetencia de los mismos, al no lograr detener el flujo de autos americanos al territorio nacional.

Este decreto parecía resolver varios problemas a la vez, número uno, se le daba certeza jurídica a los dueños de estos autos ya que no tenía una forma de comprobar su legal estancia en el país, y aunque una mínima parte de los compradores desconocían la forma en que estos autos fueron introducidos al país, se tiene que reconocer que la mayoría de los propietarios de estos autos irregulares sabían de antemano que no tenía derecho a circular con este tipo de vehículos ya que no estaban debidamente regularizados.
Número dos, el argumento de las autoridades para justificar el decreto el cual erróneamente, se convirtió en un plan personal del presidente López Obrador para regularizar esta unidades fue en el sentido de que en estas unidades se cometían muchos ilícitos, así como hechos de tránsito y no se tenía un registro de los propietarios quedando en la impunidad estos hechos delictivos
Sin embargo a la vuelta de más de año y medio de estar renovando el decreto cada tres meses, este se ha convertido en una verdadera acción electorera por parte del Presidente López Obrador, ya que de ninguna manera se justifica, su renovación, esto en virtud de que uno de los requisitos para regularizar los automóviles era que estos hubieran sido introducidos al país antes de noviembre de 2019, en este sentido queda claro que en los primeros 6 meses de estar vigente el decreto la mayoría de los autos que cumplían con ese requisito fueron regularizados, y si bien he cierto que muchos de los propietarios de estos auto irregulares eran ciudadanos comunes y corrientes, no podemos dejar de mencionar que a la vuelta de más de año y medio de estar vigente el decreto, este se ha convertido en un verdadero foco de corrupción.
Corrupción por parte de las autoridades que se encarga de regularizarlos, ya que son acusados en las redes sociales de inventar más requisitos de los establecidos en el decreto para así solicitar ciertas cantidades de dinero, corrupción también por parte de los particulares que se han logrado regularizar varias unidades, en contubernio también con autoridades.
Corrupción de particulares en virtud de que existen decenas de anuncios en las redes sociales, en donde descaradamente se ofrecen servicios de ‘’regularización’ de autos de todas las formas posibles, ‘’sin presentar’’ ‘’si no pasaste por la fecha’, si no tiene ‘’titulo’’, ‘’si entraron después de la fecha’’ rezan los diversos anuncios.
Como se puede apreciar lo que al principio fue una acción del gobierno para resolver una problemática, esta, esta acción ya se volvió en una acción electorera y en un foco de corrupción